Este libro trata, desde diferentes posturas y marcos valorativos, la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura en el nivel superior durante la autodenominada Cuarta Transformación. Evidentemente hay coincidencias de referencia en la mayor parte de los artículos porque toman en cuenta hechos que están presentes: hay una nueva regulación con respecto a la educación superior: un nuevo artículo tercero constitucional, una nueva Ley General de Educación Superior, un extemporáneo Programa Nacional de Educación superior publicado a fines de 2023, un nuevo CONAHCyT, nuevas reglas del Sistema Nacional de Investigadores. Casi todos los articulistas comparten los principios y objetivos de la Cuarta Transformación: la educación superior como un derecho y por ende la obligación del estado de proporcionarla; una educación incluyente, sobre todo para aquellos que históricamente han sido excluidos; una educación superior que sea gratuita en un corto plazo y universal para todos aquellos egresados de la educación media superior que deseen continuar sus estudios; una ciencia que contribuya a resolver los grandes problemas nacionales; un nuevo sistema de evaluación y acreditación de instituciones, programas, académicos y estudiantes; la construcción de un nuevo sistema de información que sea confiable, oportuno y accesible. Está claro para todos los participantes que la intención del presidente de la República, recogida y avalada por la Subsecretaría de Educación Superior y el CONAHCyT fue y es marcar una ruptura con los 30 años de un conjunto políticas públicas “neoliberales” y tratar de proponer una nueva perspectiva para la educación superior. En el balance que hacen los autores de lo realizado en el sexenio se reconocen algunos avances, pero se documenta que están lejos de cumplir medianamente las expectativas. Tres son los factores más mencionados: a) una vuelta al centralismo en la toma de decisiones en lugar de buscar la participación de las instituciones; b) una notoria ausencia de políticas públicas para llevar a cabo los propósitos; y c) un incumplimiento flagrante del ejecutivo y del legislativo al no asignar los fondos establecidos en la Ley General de educación superior para atender gradualmente la universalización y gratuidad y, además, una reducción del presupuesto, a pesos constantes, del presupuesto asignado a la educación superior, la ciencia y la tecnología.
